[LUG.ro] update: Software Libre con CFK

["Sebastián D. Criado"]

El 26/06/12 14:15, Ezequiel Garcia escribió:
> 2012/6/26 "Sebastián D. Criado" <sebastian.criado en gmail.com>:
>> El 26/06/12 11:58, Ezequiel Garcia escribió:
>> [...]
>>>
>>> No creo que haya que ser partidario. Pero tampoco hay que ser contrera.
>>> (no digo que vos lo seas)
>>
>> Contestar directamente a lo que indicas, sería entrar en una
>> conversación off-topic. Si tenes ganas, lo hacemos en privado.
>>
> 
> Si es off-topic, yo no me doy cuenta. Quiero recalcar el texto de Blejman:

Eso que indicas en este mail no lo es, lo que sería off-topic es la
contestación a tu aseveración.

> 
> "Si todo lo que propuso Giorgi es cierto,
> habrá mucho trabajo para la comunidad de software libre,
> **no sólo la vinculada al Gobierno.**
> Se cerró un poco más la ventanita, podrán decir;
> habrá que ver si un viento fuerte no la vuelve a abrir."
> 
> (Los asteriscos corren por mi cuenta)
> 
> Como sea, gracias por la noticia, agrega un poco a la construcción
> sobre la figura de Giorgi.

Mis disculpas, pero NO LE CREO NADA. ¿por que? por que justamente lo que
pasa es todo lo contrario.

Cuando vea, creeré. Aprendí hace mucho a no creer discursos.

Para apoyar mi descreimiento, te dejo algo de alguien que lo pudo
expresar mejor que lo que podría hacerlo yo.

http://www.vialibre.org.ar/2012/06/09/como-reconocer-una-politica-de-estado-desde-una-distancia-considerable/

Cómo reconocer una política de Estado desde una distancia considerable

Hace algunos días, la Presidente de la nación, junto con varios de sus
ministros, recibió a ejecutivos de Microsoft que venían a presentar un
“plan de desarrollo sustentable” para Argentina. Militantes de la propia
Presidente expresaron su decepción ante esa reunión en una carta
abierta, que tuvo alguna repercusión en los medios. La ministro de
industria, Débora Giorgi, respondió a esa carta abierta asegurando que
“el software libre es política de estado” de este gobierno, lo que fue
celebrado por sus autores como una muestra del compromiso del gobierno
con el software libre.

El problema es que una política de estado es, o debería ser, más que
palabras. La evidencia de apoyo al software libre que destaca la
ministro Giorgi no es tal: cada una de las afirmaciones que hace en su
respuesta es exactamente igual de cierta si en ellas reemplazamos
“software libre” por “software privativo” (incluso sigue siendo cierta
si lo reemplazamos por “software de Microsoft”, específicamente, que es
peor).

Una verdadera política de estado a favor de software libre sería, en
realidad, muy fácil de detectar: hay muchos indicadores que
evidenciarían su existencia. Veamos algunos de ellos.

Directivas formales claras

Una política de estado es una decisión que el Estado se auto-impone.
Siendo el Estado un complejo entramado de organismos y personas, una
decisión de este tipo debe ser expresado formalmente en reglas claras,
que todos los agentes del Estado deben cumplir. La forma idónea para
este tipo de regulación es una ley, como la sancionada en Santa Fe en el
2009, exigiendo que la Administración Pública únicamente use software
que respete las cuatro libertades esenciales del usuario. Lo mismo hizo
la ciudad de Rosario a través de una ordenanza municipal.

Por cierto, sancionar leyes suele ser una tarea ardua, que requiere
diálogos, negociaciones, construcción de consensos. Por lo general
demora mucho tiempo… pero no para este gobierno, que tiene mayoría en
ambas cámaras, y que ha demostrado que puede pasar leyes en cuestión de
apenas meses, como cuando extendió la duración de los derechos de los
productores sobre los fonogramas, efectivamente re-privatizando obras
que ya estaban en el dominio público. Si el software libre realmente es
política de Estado, ¿dónde está la ley que la expresa?

En rigor de verdad, ni siquiera es necesaria una ley propiamente dicha
para demostrar la voluntad política de adoptar software libre: si ésta
realmente existiera, bastaría con un decreto administrativo para poner
los engranajes en marcha.

Sin embargo, no hay nada por el estilo: no existe directiva formal
alguna que ordene la migración a software libre, ni siquiera una que
proponga una preferencia por éste. Lo más parecido que hay es un confuso
programa a favor del “software público argentino”, un término
deliberadamente vago que incluye tanto software libre como privativo y
por lo tanto es vacío de significado.

Migración concreta

Cabe la posibilidad de que el gobierno prefiera no utilizar canales
formales como las leyes y los decretos para no despertar tempranamente
la ira de los poderosos proveedores de software privativo mientras
realizan una migración sin llamar la atención. Pero dos datos
contradicen esa idea.

El primero es, por cierto, que publicar en los diarios que el software
libre es política de estado no parece ser la mejor manera de ocultar las
declamadas intenciones libertarias del gobierno.

El segundo, mucho más fuerte, es que una voluntad informal de migrar al
software libre también debería ser fácilmente detectable, con tan solo
observar su uso en los organismos públicos. Pero no basta con constatar
“acá se usa software libre”. Todo el mundo usa hoy software libre,
incluyendo a todas las empresas de software privativo. Hay que analizar
la proporción de software libre a software privativo que, en presencia
de una política de estado, debería ser significativamente mayor en la
administración pública que en la actividad privada. Sin embargo, no es
ese el caso: según los responsables de informática del gobierno,
alrededor del 60% de los servidores de la administración pública usa
software libre, lo que no sólo no dice absolutamente nada del software
de escritorio, sino que además está como mucho a la par de la proporción
habitual en el mercado.

Si no podemos constatar que el gobierno usa más software libre que el
que usaría en ausencia de una política de estado, deberíamos al menos
ver que ha asignado partidas presupuestarias para adoptarlo, y que lo
está haciendo a un ritmo más acelerado que la media del mercado. Tampoco
eso está pasando.

Reducción de obstáculos

Como mínimo, podríamos esperar que una política de Estado de software
libre promoviera que los ciudadanos usen software libre. Sin embargo, no
lo hace.

Algunos creen ver una promoción de ese tipo en el hecho de que las
máquinas del programa Conectar Igualdad estén equipadas con software
libre. Eso queda desmentido por el hecho de que las máquinas también
salen con Microsoft Windows. Si ser parte de Conectar Igualdad fuera
señal de una política de Estado, entonces claramente estaríamos también
ante una a favor de Microsoft. Si además tenemos en cuenta que equipar
esas máquinas con Windows implicó asignar una partida presupuestaria a
la compra de licencias que de otro modo no hubieran sido necesarias,
veremos que el gobierno tiene más voluntad de apoyar a Microsoft que al
software libre.

De hecho, lejos de promover el uso de software libre, la administración
pública lo obstaculiza: la TV y la radio pública están disponibles por
Internet, pero sólo en formatos de Microsoft, AFIP sigue exigiendo que
los contribuyentes usen programas que sólo corren bajo Microsoft
Windows, docentes de facultades universitarias que decidieron usar sólo
software libre deben salir a buscar una máquina con Windows para poder
llenar los formularios de categorización de la Secretaría de Ciencia y
Técnica, lo mismo les ocurre a quienes quieren presentarse a programas
de subsidio del Estado que requieren el uso de Microsoft Word y
Microsoft Excel… la lista es larga.

Por cierto, algunas de estas son situaciones heredadas de gobiernos
anteriores (no es el caso del formato de los medios públicos, ni de la
inclusión de Microsoft Windows en las máquinas de Conectar Igualdad),
pero al menos debería ser posible ver que hay planes concretos de
corregirlas, con presupuesto y calendario asignados. Nada de esto está
pasando.

La política de Estado ¿Dónde está?

Una política pública es inocultable: nadie tiene dudas de que hay una
política de Estado de poner computadoras en manos de todos los
estudiantes secundarios, o de limitar las importaciones, no hace falta
que nadie las declame.

A menudo se citan palabras del prócer máximo del partido gobernante:
“mejor que decir es hacer”. En materia de software libre, tenemos
funcionarios del gobierno afirmando que su uso es política del Estado, y
sería maravilloso que así fuera, pero las acciones concretas y las
propias actitudes de la Presidente sugieren más bien lo contrario.



Saludos.-



-- 
Sebastian.Criado en gmail.com - GPG : 1024D/AF0452F0
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"Si  el  Universo fuera un programa estaría hecho
en C, y correría sobre un sistema UNIX"  Anónimo.